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Académicos analizan la contratación administrativa del sector público

AGOSTO 2015 | La contratación administrativa del Estado, algunos cuestionamientos, conflictos y desafíos en torno a esta temática, fueron analizados por académicos y autoridades durante el seminario organizado en el Campus Talca por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad.

“Las contrataciones públicas en Chile presentan un nivel que supera con mucho a los otros países que luchan contra la corrupción. Sin embargo, no es necesario escarbar demasiado para descubrir algunas fallas estructurales y algunas brechas que son inquietantes”, afirmó el decano de esa Facultad, Diego Palomo, durante la actividad.

El evento contó con la presencia del contralor regional del Maule, Víctor Fritis, quien expuso sobre “La contratación administrativa del personal a honorarios y la Ley 19.886”. Asistió el contralor de la Universidad, Johann Allesch; la directora de la Escuela de Derecho del Campus Talca, Fabiola Vergara; Ruperto Pinochet, director del Departamento de Derecho Privado y Ciencias del Derecho. El seminario fue dirigido por el profesor Iván Obando, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública, y del Departamento de Derecho Público. 

NECESIDAD DE CONTROL

La académica extranjera invitada en esta ocasión fue Ximena Lazo, experta en Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, España. La docente presentó su conferencia “Nuevos desafíos de la contratación del sector público”.

La investigadora entregó una visión estratégica para que este tipo de actos sean más eficientes. 

“Creo que el marco normativo se puede mejorar, hay normas que están muy dispersas y hay que ordenarlas; hay mucha antinomia, donde se dice una cosa y otra norma algo distinto. Hay lagunas normativas, y lo otro es reforzar el control, lo cual es fundamental, porque la contratación es un ámbito que mueve muchísimo dinero”, señaló la académica.

Aseguró que si bien en España y Chile hay distintas realidades, existen los mismos problemas. Agregó que en Europa, la contratación del sector público representa casi un 20% del PIB de ese continente, mientras que en Chile no supera el 10%. 

“Entonces, donde hay dinero hay necesidad de control, hay problemas de corrupción y problemas de colusión. Entonces, creo que hay que reforzar el control para evitar estas prácticas e incorporar nuevos parámetros de legalidad. También interesa a todos que el gasto sea eficiente; no que sea menos, sino que se realice de manera correcta”, expresó la profesora española.

ACCIONES CONCERTADAS

En tanto, el decano Diego Palomo, señaló que partiendo de la base que la administración del Estado es un complejo orgánico revestido de potestades públicas para el logro de sus objetivos —que también son públicos— la temática que se planteó y que motivó el seminario fue “en qué medida puede usarse de la actividad contractual para la consecución de estos fines”.

“En efecto, la actuación formalizada de la administración pública no sólo se realiza mediante la visión de actos unilaterales —como son los reglamentos y los actos administrativos en general— sino también a través de acciones concertadas con otros sujetos de derecho. Así, al igual que los sujetos privados, la administración celebra habitualmente convenios y contratos”, sostuvo Palomo.

“Los procedimientos de contratación administrativa se han visto como un sistema rutinario donde se aplica una normativa más o menos burocrática que intenta garantizar formalmente que no hay una contaminación o conflicto de interés para adjudicar los contratos”, dijo la autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

“Actualmente la dinámica moderna se plantea el fenómeno de la contratación administrativa como una forma de colaboración público privada, tanto en el contrato de suministro y prestación de servicios, como en el de construcción y concesión de obras públicas, cambiando en buena medida el paradigma de actuación y de los desafíos”, precisó. 

En la jornada también estuvieron los docentes Fabián Huepe, de la Universidad de Concepción, quien expuso “Algunos aspectos controversiales en relación al término unilateral del contrato de concesión municipal”. Juan Carlos Ferrada, de la Universidad de Valparaíso; con su charla “Los poderes exorbitantes de la Administración en los contratos administrativos: una singularidad respecto de los contratos civiles”. Raúl Letelier, de la Universidad Alberto Hurtado, con la exposición “La abolición del contrato administrativo”. Y Ricardo Concha de la UTALCA, con la conferencia “La escasa voluntad para ejercer jurisdicción del Tribunal de Contratación Pública”. 

6% DEL PIB

El decano Diego Palomo sostuvo que en Chile, las contrataciones públicas de bienes y servicios representan casi el 6% del PIB. “En efecto, a través de la plataforma de mercado público se verifican transacciones que representan en torno al 3,5% del PIB y gran parte del 2,5% del PIB restante corresponde a contrataciones en el sector de obras públicas”, aseguró. 

Dijo que las adjudicaciones de contratos también pueden contribuir a un desarrollo más inclusivo del país. Muestra de ello es que las modificaciones al reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886 —entradas en vigencia recién el pasado lunes 10 de agosto— fomentan a las Pymes a través de la promoción de criterios de evaluación, materias de alto impacto social. Y permiten que las microempresas se asocien para un acceso más fácil a las 17 mil licitaciones de más de mil UTM. Y aumentan el umbral que es desde mil a 2 mil UTM en garantías de seriedad de la oferta”, explicó Palomo.

GRAN DISCUSIÓN

El profesor Iván Obando, afirmó que el Estado posee una enorme influencia en la economía, el cual para procurarse bienes y servicios, emplea el contrato administrativo. “Existe una gran discusión sobre este contrato, porque se aparta bastante del contrato que celebran las personas, que es el contrato civil entre privados”, acotó Obando. 

“El Estado tiene grandes potestades y poderes y esto genera cuestionamientos y también conflictos (…) Por ejemplo el tema de la contratación de servicios que involucran personal a honorarios (…) también los contratos de concesión municipal, cómo se terminan, los efectos que producen. No hay un vacío legal, pero sí hay visiones interpretativas diversas sobre el particular. Y la pregunta es cuál es la extensión de los poderes de la administración. Hasta dónde puede llegar en esta materia”, afirmó.

 

   
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