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Académicos y jueces analizaron dificultades que afectan a trabajadores del Estado

NOVIEMBRE 2015 | Los principales problemas normativos que surgen cuando el Estado actúa como empleador en el sistema público, fueron analizados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca durante el seminario “Derecho del trabajo y empleo público. Una frontera compleja”.

La actividad contó con la participación del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, Álvaro Flores, y fue organizada por el Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (CENTRASS) de la UTALCA, junto a la Asociación de Magistrados del Maule, presidida por el profesor Gerardo Bernales. 

También estuvo la directora de la Escuela de Derecho del Campus Talca, Fabiola Vergara; Alejandro Cárcamo, académico de la Universidad Diego Portales; Cristian Toledo, abogado jefe de la Oficina de la Defensoría Laboral de Talca; y Cristóbal Peña, abogado del Consejo de Defensa del Estado. 

“No es verdad que fenomenológicamente el trabajo humano sea distinto en el ámbito público que el privado. Habrá ciertas distinciones, pero el trabajo humano es uno solo”, aseguró Flores, quien además es juez del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 

“Probablemente las exigencias de los empleados públicos de habilitación estatutaria para el acceso, el término y la formalidad laboral, los pongan en un estatus diferenciado. Y por cierto que su empleador sea el Estado”, señaló el principal invitado de la jornada, que contó con la presencia de magistrados, académicos y estudiantes de Derecho.

DIFICULTADES

El profesor Rodrigo Palomo, subdirector del CENTRASS, señaló que la legislación laboral chilena no es clara, lo cual ha generado diversas interpretaciones y dificultades normativas que afectan los derechos de los trabajadores.

“Quien ha ido resolviendo esto es la Corte Suprema a través de recursos de unificación de jurisdisprudencia, lo que ha ido dando ciertas líneas que han significado vuelcos respecto a lo que teníamos”, sostuvo el docente. Agregó que tales fallos han involucrado cuatro áreas, que precisamente constituyen los subproblemas detectados por el CENTRASS.

Uno de estos aspectos se refiere a que los contratos a honorarios en la administración pública “están en un limbo jurídico”. Al respecto, precisó que se ha admitido que “la laboralización de honorarios sí constituyen contratos de trabajo. Es decir, regidos por el Código del Trabajo, y dejan entonces de estar en tierra de nadie”.

Otro tópico identificado en el empleo público es la “subcontratación en el Estado”. Sobre este tema dijo que el máximo tribunal del país también ha admitido que el fisco “puede ser empleador para efectos de la responsabilidad que le cabe —solidaria y subsidiaria— en materia de externalización laboral”. Indicó que tal tipo de contratación es necesaria debido a las cada vez más complejas y múltiples funciones del aparato estatal.

Entre los problemas detectados, destacó además la protección de los derechos fundamentales y colectivos de los funcionarios. 

“Los tribunales han ido diciendo que estas personas también pueden recurrir al Código del Trabajo para hacer valer la protección de sus derechos fundamentales. Incluso cuando laboran en un servicio público. Entonces, empieza a mezclarse el derecho del trabajo y el derecho administrativo en aras de proteger mejor a quienes laboran en el Estado”, explicó Palomo, actual director de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

VACÍOS

Sostuvo que la legislación posee vacíos, los cuales permiten interpretaciones que hasta hace un par de años negaban el actuar del derecho laboral. “Es decir, aquí era un campo del Derecho Administrativo o del Derecho Civil. Lo que ha ido haciendo la Corte Suprema es laboralizar estos criterios. Es decir, aceptar que estas son fronteras móviles y que el Derecho del Trabajo puede también manifestar su norma en los funcionarios públicos”, expresó.

El subdirector del CENTRASS destacó que los funcionarios a honorarios son porcentualmente una mayoría en el sector público. 

“Estos trabajadores son los que más precariedad tienen, no poseen estabilidad en el empleo, sus contratos pueden terminar en cualquier momento y por cierto, las remuneraciones son sustancialmente más bajas que la mayoría de los funcionarios de planta o a contrata”, aseguró Palomo.

El docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales dijo que existe un inadecuado uso del sistema a honorarios en el Estado. 

“El problema es que se mal usa esa figura y hay trabajadores contratados por esta vía durante años. Y eso es lo que está detrás de esta mala interpretación. Lo que hay allí ya no es una labor transitoria, sino que un servicio o una necesidad permanente. Y eso exige regular los derechos de esos trabajadores. Por ejemplo, las personas a honorarios no tienen vacaciones, posibilidades de pre y postnatal, ningún permiso asociado el Código de Trabajo. Y por lo tanto su precariedad laboral es mayor”, explicó. 

“La Corte Suprema ha dicho que cuando estas personas tienen horarios, obedecen órdenes del jefe y utilizan uniforme corporativo, eso es un contrato de trabajo, aunque le hayan puesto otro nombre. Entonces, lo que se hace es reconocer la realidad de esa relación”, agregó. 

PÚBLICO Y PRIVADO

Durante el seminario se analizaron algunas diferencias contractuales entre ambos sectores. En este sentido, si bien son regímenes diversos, el objetivo es unificarlos, considerando que las personas son trabajadores en cualquier sitio donde se desempeñen y la variación sólo es la labor que ejercen. 

“En el Estado se piensa en el interés común, mientras que en las empresas buscan lograr mejores remuneraciones y condiciones laborales; versus el empleador o compañía que quiere ganar más. Entonces, ese ánimo de lucro no estaría en el Estado, y por eso sería un cambie de criterio. Y la tendencia es a unificar los dos regímenes lo más posible”, afirmó Palomo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Según los académicos, una ventaja comparativa lo público es que los funcionarios de planta poseen mayor estabilidad laboral, y para poner término a sus contratos se requieren investigaciones sumarias. Mientras que el personal a honorarios es temporal, sujeto a una faena y a mayor precariedad. 

“La realidad del sector público no está en las plantas ni en las contratas, sino que en los honorarios quienes porcentualmente son muchos más”, insistió Rodrigo Palomo.

Una desventaja en el aparato estatal es la inexistencia de derechos colectivos regulados por norma. Es decir, no se incluye la huelga en la normativa, ni la negociación colectiva. “Y por ejemplo, todas las manifestaciones que hubo en el Registro Civil o negociaciones de reajuste de la ANEF, son manifestaciones extrajurídicas. Es decir, funcionan por el poder que tienen estas organizaciones sindicales, pero no porque la ley se los permita. Y lo que se espera es que se reconozcan estos derechos también en la normativa”, explicó el subdirector del CENTRASS.

“En el sector privado hay más falencias que desventajas. Hay un sistema súper flexible que permite una contratación con altos márgenes de precariedad laboral. Por lo tanto, lo bueno que esto tiene para el empresario es jugar con el recurso humano”, precisó el docente.



   
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