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Académicos de la Facultad, abordan el tratamiento penitenciario en Chile

MAYO 2016 | El debate sobre el beneficio de la libertad condicional que ha tenido lugar en los últimos días ha puesto en evidencia la carencia de una política pública seria acerca del tratamiento penitenciario en Chile. Cuestión, en todo caso, que no es de ahora, sino que es expresión de una permanente desidia de parte del Estado por abocarse seriamente a resolver qué hacer con la población carcelaria y su reintegración efectiva a la comunidad. Que así sea, tampoco debe llamar la atención, pues los condenados a penas privativas de libertad forman parte de un segmento de la población que a pocos importa. Incluso, que, bajo ciertos presupuestos, dejen de ser ciudadanos con derecho a voto. Pese a su situación, no son la escoria de la sociedad que ni siquiera merezca un mínimo esfuerzo por mejorar su realidad.

No deja de llamar la atención que el tratamiento penitenciario se encuentre en gran parte regulado en un Reglamento -decreto 518 del Ministerio de Justicia de 1998-. Que se halle en una instancia normativa inferior a la ley pone en evidencia que ha habido una escasa preocupación, sobre todo por parte de las autoridades políticas, por abordar un área tan sensible como son los derechos que les corresponden a quienes se encuentran privados de libertad.

Allí se regula todo lo relativo al derecho de ejecución de penas. Es por ello que resulta preocupante que todo este ámbito quede entregado a una norma de rango inferior a la ley, como lo es el reglamento, pues es absolutamente inconstitucional, sobre todo si en él se contienen importantes poderes disciplinarios respecto de los internos y que son entregados a los propios administradores de los establecimientos. Y es que Chile no dispone de jueces de vigilancia penitenciaria o jueces de ejecución de penas, de manera que la etapa de ejecución de las penas no está, en rigor, jurisdiccionalizada. Resulta esencial contar con un juez especializado.

No deja de ser, pues, paradójico que el mismo texto se encargue de reconocer una serie de garantías y derechos para los internos, para luego violentarlos con el otorgamiento de facultades disciplinarias, que tienen, por lo demás, un carácter bastante discrecional.

Todo lo anterior permite afirmar que estamos en un área oscura y que difícilmente se satisfacen las mínimas exigencias constitucionales. Lo anterior no nos dignifica como sociedad, pues no debe olvidarse que en la etapa de ejecución de la pena es donde se puede apreciar toda la fuerza y capacidad coactiva del Estado.

Es esencial, pues, que exista una verdadera ley general penitenciaria que autorice una estricta sujeción de los actos administrativos penitenciarios al control jurisdiccional, para así poder conformar de manera más sólida el régimen de derechos y garantías de los internos. La actividad penitenciaria debe ejercitarse respetando el principio de legalidad, de manera de someter al poder público a un determinado régimen jurídico. En este sentido, debe trazarse un verdadero estatuto jurídico del preso, de manera que efectivamente se materialice que el interno es un sujeto de derecho y no un objeto de control, que sigue perteneciendo a la sociedad y que no ha sido excluido.

Parece ser que todavía consideramos al preso como ciudadano de segunda clase, o mejor dicho un no ciudadano, al que no solo se le debe privar de su libertad de movilización, sino también de todos sus derechos. Informes sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile exponen cómo el contexto de los internos es extremadamente vulnerable no solo ya desde la perspectiva material, en que el hacinamiento en que viven es francamente denigrante, sino que muchos de los abusos de que son objeto son escasamente conocidos y juzgados por las autoridades.

La seguridad ciudadana también debe centrarse en la esfera penitenciaria y disponer de reales políticas de reinserción social. Mientras aquello no ocurra, volveremos a discutir nuevas agendas cortas. Puro efectismo, pero ninguna solución.


   
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