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Especialistas debatieron sobre prevención de delitos en la empresa

AGOSTO 2016 | El rol actual de las empresas y su responsabilidad ante la sociedad fue el tema que se analizó en el seminario "Gobierno corporativo y prevención de delitos en la empresa”, organizado de forma conjunta por las Facultades de Economía y Negocios (FEN) y de Ciencias Jurídicas y Sociales -a través de su Centro de Estudios de Derecho Penal (Cedep)- de la Universidad de Talca.

La actividad –que se desarrolló en el marco del Diplomado que ambas entidades impartirán de forma conjunta sobre la materia- contó con la presencia del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña; el ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Jorge Awad; y el abogado Ciro Colombara.

Durante su intervención, Awad planteó que parte del clima de desconfianza que existe en el país se explica por la incapacidad del sector privado y sus representantes para conectarse con las comunidades en que se encuentran insertos.

“La élite ha sabido leer muy bien -como lo ha hecho- la relación de la empresa con el mercado, pero no está tan acostumbrada a ver la relación de la empresa con la sociedad y ese es el esfuerzo que hay que hacer hoy día para que realmente tengan una rentabilidad sustentable, en que incorporan no solo la visión de los actores tradicionales, sino que también de los grupos de interés”, indicó Awad ante la numerosa audiencia que llegó hasta el auditorio de la Escuela de Postgrado de la UTALCA en Santiago.

Agregó que este contexto se vio agudizado por los avances tecnológicos que propiciaron el desarrollo de canales de comunicación, como las redes sociales, que hizo que las organizaciones pasaran de ser verticales a horizontales.

“La crisis de confianza se produce por este cambio trascendental de la tecnología, en que cosas que eran resueltas de una manera muy tradicional, solo en grupos referenciales específicos, hoy día hay que socializarlos y, por lo tanto, hay que oír más opiniones. Este mundo, en que antes bastaba con hablar, hoy día hay que escuchar, y ese cambio hace que las cosas provoquen inquietud”, reflexionóAwad, quien además es presidente de la Junta Directiva de la UTALCA.

Ante ello sostuvo que el nuevo paradigma que se impone para el sector en las próximas décadas es la empresa-ciudadana. “Una empresa que no considera al ciudadano está desenfocada”, afirmó.

“La empresa del futuro será ciudadana. Esa visión nos permitirá responder positivamente a los desafíos de los mercados globales, cada vez más exigentes, más competitivos y con mayor peso ciudadano. Al mismo tiempo, exige el surgimiento y consolidación de líderes empresariales y empresarios que compartan esta nueva visión, única vía para una rentabilidad sustentable”, subrayó.

CATÁLOGO DE DELITOS

En cuanto al rol de los privados frente a la eventual comisión de delitos, el presidente del CDE recordó que si bien la Ley 20.393 permite que cuenten con modelos de prevención de riesgo ante delitos como lavado de activos, cohecho y financiamiento de terrorismo, el tema no ha sido asumido con la profundidad esperada.

“Creo que hay muchas empresas que se han quedado a medio camino en el diseño e implementación de sus modelos de prevención”, observó Juan Ignacio Piña. 

“Varios de los casos que estamos conociendo actualmente así lo demuestran, es decir, empresas que tenían modelos incluso certificados y que a pesar de eso se ha podido demostrar que no tenían ningún mecanismo eficaz para impedir, por ejemplo, disposición de dinero por servicios no prestados que, eventualmente, pudieran llegar a funcionarios públicos. Desde esa perspectiva creo que todavía hay una brecha entre lo que muchas empresas hacen y lo que deberían hacer si de verdad quieren establecer modelos de prevención eficaces”, profundizó. 

En este contexto, el abogado Ciro Colombara defendió la necesidad de cambiar el carácter voluntario de la norma para hacerla obligatoria. 

“A siete años de la entrada en vigencia de la Ley de responsabilidad penal, lo cierto es que en la medida que no es obligatorio tener modelo de prevención de delito y, segundo, que no existe una adecuada fiscalización por parte dela autoridad respecto de la empresas consultoras o certificadoras, evidentemente, ahí hay un tema pendiente”, manifestó. 

Al mismo tiempo, el jurista recomendó ampliar la catálogo de delitos que contempla le Ley. “Soy un firme convencido de que es necesario ampliarlo, probablemente restringido a aquellos más vinculados a la actividad empresarial y aquellos donde la omisión de fiscalización sea más relevante, no de manera indiscriminada y a todos los delitos, pero sí a algunos específicos vinculados específicamente a la gestión empresarial, por ejemplo, ciertas infracciones a la ley de mercado de valores, o la colusión debieran ser incorporados como delitos base”, indicó.

En este sentido, el decano de la FEN, Arcadio Cerda, señaló que más allá de los costos que pueda significar “los beneficios que tiene tener un buen sistema regulatorio, de control del ‘buen comportamiento’ de la empresa en general trae muchos más beneficios respecto al prestigio que tiene la corporación con sus clientes y con las comunidades con la cual se vincula”.

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Diego Palomo, sostuvo que “la invitación es a llenar de contenido estas certificaciones que algunos denominan ‘certificaciones de papel’. Es un desafío no solo para las empresas, sino que también para los tribunales de justicia. Esperamos que más temprano que tarde se puedan cumplir esos estándares y, a partir de ello, tener empresas que estén más en sintonía con la ciudadanía”.

 

   
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