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Analizan eventuales cambios a sanciones para delitos de corrupción

AGOSTO 2018 | Desde distintas perspectivas, especialistas convocados por el Centro de Estudios de Derecho Penal entregaron su visión respecto de hacia dónde debiera evolucionar esta normativa.

Ampliar los plazos de delitos relacionados con casos de corrupción, además de diferenciar entre los montos y nivel de responsabilidad de los involucrados en este tipo de ilícito, son algunas de los criterios que a juicio del ex fiscal de Alta Complejidad del Ministerio Público y ahora abogado independiente, Carlos Gajardo, debieran ser considerados en el marco de las modificaciones a los delitos de corrupción que actualmente se debaten en Chile.

“Se está discutiendo la posibilidad de subir las penas a los delitos de corrupción, en especial, al cohecho y al soborno”, planteó en el marco del conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal (Cedep) en la Escuela de Postgrado y Centro de Extensión de Santiago. 

“Hemos sido partidarios de que eso así ocurra, pero creemos que no debe ocurrir de cualquier forma, tienen que establecerse determinadas particularidades, que sea una subida que efectivamente sancione estos delitos y para eso creemos que es importante que se distinga de acuerdo a los montos, a los funcionarios públicos involucrados, nos parece importante también que se alarguen los plazos de prescripción”, aseveró.

El jurista señaló que, si bien puede haber cierta reticencia de algunos sectores por avanzar en este tipo de modificaciones, existe un mayoritario ánimo transversal para que prosperen. “Además, el país necesita y le urge que se realicen estas reformas”, afirmó.

En esa misma línea, Gajardo se mostró partidario de incorporar sanciones penales para quienes se involucren en este tipo de ilícitos. 

“Lo creo necesario y urgente. Gran parte del desprestigio que tiene hoy -por una parte la actividad política y por otra el sistema judicial en general-, tiene que ver con que no hemos tenido la capacidad de sancionar de forma adecuada conductas que son gravemente dañinas para el conjunto de la población y eso pasa por una parte por falta de voluntad jurídica de las personas que tienen que tomar esa decisiones como también por falta de una legislación adecuada que sancione”, planteó.

A su turno, aunque se mostró partidario de aumentar y endurecer las sanciones frente a este tipo de delitos, el exdirector jurídico del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ignacio Castillo, advirtió sobre el riesgo de establecer una suerte de “derecho penal de autor”.

“No tengo problemas que en algunos supuestos se pueda aumentar la pena, pasar el techo de los cinco años, mi manera es cómo. Si se hace en relación a los cargos de las personas y a me parece que eso es peligroso porque básicamente supone, por así decirlo, un derecho penal de autor. Por otro lado, si se hace en base al monto, tampoco es un buen ejemplo porque no necesariamente es un indicador de la afectación del bien jurídico protegido”, expuso. 

En ese contexto, Castillo sostuvo que si se revisa la experiencia comparada hay mejores fórmulas para grabar las penas como evaluando la cantidad de sujetos que participan o el ámbito de afectación de la administración pública, es decir, por ejemplo, para obtener licitaciones de ciertos sectores públicos que son trascendentales.

El profesional agregó que realizar estos cambios es “es muy urgente”. “No cabe duda, pero no hay que olvidar que se trata de un proyecto complejo, que abarca muchos temas que en Chile nunca había estado ni siquiera pensados en regular como la corrupción entre particulares o que por otros como la administración desleal llevamos más de 100 años esperando que se legislara y creo que lo que se ha demorado es lo necesario para que salga un proyecto bueno”.

Sobre este debate, el investigador del Cedep y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Osvaldo Artaza, dijo que ante un tema de tal relevancia no podían quedar ausentes.

“Se están evaluando en el Congreso importantísimas modificaciones al Código Penal y la verdad es que no nos podemos quedar fuera de este debate. El objetivo de la jornada, en la cual, incluso, participaron asesores legislativos, fue generar una instancia de conversación para analizar los principales problemas asociados a los delitos de corrupción en Chile y a partir de ello eventualmente impactar en la discusión”, indicó el académico.

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